La aplicación para compartir videos ha recibido un trato injusto en Washington. Pero las mayores heridas de la empresa son autoinfligidas.
De verdad, yo estaba del lado de TikTok.
En 2020, cuando el gobierno de Donald Trump intentó por primera vez obligar al dueño chino de TikTok, ByteDance, a vender la aplicación o arriesgarse a que la cerraran, argumenté que prohibir TikTok en Estados Unidos haría más mal que bien.
¿Por qué? En parte porque TikTok parecía un chivo expiatorio conveniente para los problemas —recolección invasiva de datos, políticas turbias de contenido, algoritmos de recomendación adictivos— que afectaban a todas las grandes aplicaciones de redes sociales y también porque nunca me creí el argumento de que la aplicación era una herramienta de espionaje china oculta a plena vista.
Sigo siendo escéptico en torno a ese argumento. Si el gobierno chino quisiera espiar a los estadounidenses mediante sus teléfonos inteligentes, no tendría que utilizar TikTok para hacerlo. Podría comprarle montones de información a un intermediario de datos, gracias a las inexistentes leyes federales de privacidad de datos de Estados Unidos.
Y me sigue preocupando que prohibir TikTok sea un enorme regalo para gigantes tecnológicos de Estados Unidos como Meta y Google, los dueños de las principales competidoras de TikTok —Facebook, Instagram y YouTube—, lo que atrincheraría todavía más a los ganadores en un mercado que tiene muy poca competencia.
Sin embargo, en las últimas semanas, conforme avanza con rapidez la aprobación en el Congreso de un proyecto de ley bipartidista que obligaría a ByteDance a vender TikTok, empiezo a estar de acuerdo en que prohibir TikTok o forzar su venta, tal vez sea buena idea.